Han sido necesarios once meses, decenas de sesiones parlamentarias y un musculoso debate nacional para llegar a la aprobación de la ley antipiratería en Internet. Acaba de aprobarse en la Cámara Baja francesa con un consenso (296 votos a favor, 233 en contra) que disipa el contratiempo del 9 de abril, cuando el absentismo de los diputados del partido gubernamental (UMP) permitió a los socialistas abortar el proyecto de Nicolas Sarkozy.
A vuelta de calendario, la última lectura del texto se ha atenido a la controversia de los meses anteriores, pero la ley circulará desde mañana miércoles con la bendición del Senado. Quedando claro que el usuario sorprendido en un acto de piratería se arriesga a permanecer desconectado entre dos meses y un año. Dependerá de la gravedad del 'sabotaje', aunque la nueva ley francesa también concede al internauta un margen de cautela: toda suspensión de la línea será efectiva a partir de la tercera advertencia.
Se ocupará de comunicarla y de gestionar la antipiratería una autoridad independiente, la denominada Alta Autoridad de Protección de Derechos sobre Internet. Tiene un nombre de superhéroe japonés (Hadopi), como sostenía el lunes 'Le Monde', y un horizonte trabajoso, puesto que la ministra de Cultura francesa, Christine Albanel, sospecha que la cifra de infractores cotidianos podrían redondear los 10.000 casos.
Al menos, los infractores reincidentes no se arriesgan a que se les suspenda el teléfono y la televisión. Se había contemplado inicialmente porque muchos proveedores ofrecen los tres servicios contemporáneamente (internet, tv, telefonía), aunque las presiones socialistas y las objeciones de algunos disidentes del UMP han evitado la iniciativa.
Conflicto con la ley europea
Queda pendiente ahora bregar con la doctrina de la Unión Europea. Y es que al Parlamento Europeo aprobó la semana pasada una enmienda, basada en un informe previo, según la cual la suspensión de Internet es competencia de los jueces, y no de un organismo administrativo, como Hadopi.
El conflicto comunitario se añade a las dificultades técnicas que implica la nueva ley. Tanto porque van a surgir en el mercado tecnología de disuasión frente a las garras de Hadopi como porque no todas acciones ilegales del internauta, por ejemplo, han localizarse a través de la dirección IP. Sn olvidar que la 'piratería' puede también hacerse 'directamente' mediante 'streaming', es decir, sin necesidad de descargar la información, tal como ocurre, por ejemplo, con el portal YouTube.
A la izquierda francesa le preocupa especialmente que la ley socave la privacidad del ciudadano y criminalice a los internautas, mientras que los rebeldes del UMP prefieren la aplicación de multas y el cierre de los portales subversivos antes que llevar a efecto la desconexión de los hogares 'incriminados'.
Conviene recordar que el 36% de los usuarios habituales de Internet confiesan haber pecado de 'piratería'. Un porcentaje más elevado entre los franceses de entre 18 y 25 años (57%) y prácticamente inexistente entre los mayores de 65 años (1%).
Es la razón por la que la mayoría de los artistas se han alineado a favor de la iniciativa de la UMP. Incluidos los simpatizantes de la izquierda, a la greña con el Partido Socialista porque la oposición al proyecto Hadopi ponía en juego sus lentejas.
A vuelta de calendario, la última lectura del texto se ha atenido a la controversia de los meses anteriores, pero la ley circulará desde mañana miércoles con la bendición del Senado. Quedando claro que el usuario sorprendido en un acto de piratería se arriesga a permanecer desconectado entre dos meses y un año. Dependerá de la gravedad del 'sabotaje', aunque la nueva ley francesa también concede al internauta un margen de cautela: toda suspensión de la línea será efectiva a partir de la tercera advertencia.
Se ocupará de comunicarla y de gestionar la antipiratería una autoridad independiente, la denominada Alta Autoridad de Protección de Derechos sobre Internet. Tiene un nombre de superhéroe japonés (Hadopi), como sostenía el lunes 'Le Monde', y un horizonte trabajoso, puesto que la ministra de Cultura francesa, Christine Albanel, sospecha que la cifra de infractores cotidianos podrían redondear los 10.000 casos.
Al menos, los infractores reincidentes no se arriesgan a que se les suspenda el teléfono y la televisión. Se había contemplado inicialmente porque muchos proveedores ofrecen los tres servicios contemporáneamente (internet, tv, telefonía), aunque las presiones socialistas y las objeciones de algunos disidentes del UMP han evitado la iniciativa.
Conflicto con la ley europea
Queda pendiente ahora bregar con la doctrina de la Unión Europea. Y es que al Parlamento Europeo aprobó la semana pasada una enmienda, basada en un informe previo, según la cual la suspensión de Internet es competencia de los jueces, y no de un organismo administrativo, como Hadopi.
El conflicto comunitario se añade a las dificultades técnicas que implica la nueva ley. Tanto porque van a surgir en el mercado tecnología de disuasión frente a las garras de Hadopi como porque no todas acciones ilegales del internauta, por ejemplo, han localizarse a través de la dirección IP. Sn olvidar que la 'piratería' puede también hacerse 'directamente' mediante 'streaming', es decir, sin necesidad de descargar la información, tal como ocurre, por ejemplo, con el portal YouTube.
A la izquierda francesa le preocupa especialmente que la ley socave la privacidad del ciudadano y criminalice a los internautas, mientras que los rebeldes del UMP prefieren la aplicación de multas y el cierre de los portales subversivos antes que llevar a efecto la desconexión de los hogares 'incriminados'.
Conviene recordar que el 36% de los usuarios habituales de Internet confiesan haber pecado de 'piratería'. Un porcentaje más elevado entre los franceses de entre 18 y 25 años (57%) y prácticamente inexistente entre los mayores de 65 años (1%).
Es la razón por la que la mayoría de los artistas se han alineado a favor de la iniciativa de la UMP. Incluidos los simpatizantes de la izquierda, a la greña con el Partido Socialista porque la oposición al proyecto Hadopi ponía en juego sus lentejas.
